Extracto de fallo de la Camara de Apelacion de Parana de fecha 15 de marzo de 2018 "G., M. A.-Su Denuncia S/
RECURSO DE CASACION". INTERVENCION DEL MINISTERIO PUPILAR CUESTIONANDO DE NULIDAD JUICIO ABREVIADO SIN SU ACTUACION. INTERES SUPERIOR DEL NIÑO .VIOLENCIA DE GENERO. STATUS VICTIMA DE DELITO
. Publicado en fallo completo en:
Resumen de agravios planteados por el Ministerio Publico Pupilar
-No corresponde aplicar juicio abreviado
- Desigualdad de niña victima de delito debe ser compensada con una mayor proteccion y es el Estado quien debe garantizarla.
-Falta de paridad de armas del Ministerio Publico Fiscal y el Ministerio Publico Pupilar. Se debio citar a audiencia para acuerdo de juicio previo al Ministerio Publico Pupilar. Su presencia no debe ser obviada.-
- El Ministerio Pupilar no solo ejerce funciones de representacion del Niño, niña adolescente sino que es un organo de vigilancia y asesoramiento.
- El niño,niña adolescente se encuentra en situacion de inferioridad y la intervencion del Ministerio Pupilar tiende a tratar de equilibrar dicha disparidad por ello la omision a dar respuesta a su oposicion o intervencion torna la sentencia de nulidad.
- Es un delito cuya victima segun las Convenciones de Derechos Humanos goza del acceso a la justicia y tutela judicial efectiva y merece la máxima proteccion estatal por ser mujer y menor de edad
- El suceso asimismo reviste el caracter de ser violencia contra la mujer.
-se desconocio el estatus internacional de la victima de delito.
-sentencia que ha sido una pura "homologacion"
“… En el
escrito recursivo se
agravió el Ministerio
Público Pupilar porque entiende que no corresponde aplicar el
procedimiento del juicio abreviado para este tipo de delitos, en atención a la
gravedad del hecho,
la edad y
las características de
la menor y porque como producto
del hecho nació una criatura.
Hizo referencia al Interés
Superior del Niño y refirió que el interés de su representada se encuentra cristalizado en que se condene al
imputado conforme las
escalas legales que
corresponden al hecho;
Nos encontramos ante un caso en que una niña fue víctima de un delito y
si éste provino
de su ámbito
familiar el caso reviste
máxima vulnerabilidad.
Esta situación
de desigualdad debe
ser compensada con
una mayor protección y quién está
obligado a proporcionar y garantizar dicha protección es el Estado, y dentro de
su organización el Asesor de Incapaces, Por lo que su intervención por el niño
víctima en los procesos penales es esencial.
Entendió que no resulta
ajustado a derecho
aplicar el juicio abreviado en casos de delitos graves.
Que dicho instituto resulta adecuado
y aplicable solo
para aquellos casos
en los que se encuentren
involucrados bienes jurídicos
tutelados de orden patrimonial, o en aquellos que el autor
sea un menor de edad; pero la
situación resulta absolutamente
diferente cuando el
Estado a través del Poder
Judicial se encuentra frente a situaciones como la presente cuando el encartado
ha perpetrado un delito del catálogo de los que afectan la integridad sexual de
una víctima mujer menor de edad con los agravantes del presente caso.
Se agravió a su vez
por el cambio de calificación efectuado por la Fiscalía del tipo previsto en el
Art. 119 inc. 3ro al 120 del C.P., porque
obedeció únicamente a los
fines de disminuir considerablemente la sanción
prevista y de esta manera hacer aparecer como viable el acuerdo de juicio
abreviado.
Refirió el Dr.GOLLY que
la variación de calificación es imposible sin
que se modifique
el núcleo fáctico
del hecho endilgado
al imputado, y que
pretender recalificar sin
que haya habido modificación alguna a la imputación
resulta inadmisible. Remarcó la
falta de análisis probatorio según las reglas de la sana crítica racional
por parte de
la Fiscalía, y
concluyó que del análisis
integral del plexo
probatorio surge la
perpetración del delito cometido
conforme fuera enrostrado originariamente, es decir dentro del tipo penal
previsto en el art. 119 inc. 3º del C.P..
Por último se agravió
por la falta de paridad de armas entre el Ministerio Público Fiscal y el
Ministerio Público Pupilar, que se evidencia en la ausencia de notificación
temporánea de la audiencia de Juicio Abreviado al Ministerio que representa,
como con la falta de convocación y notificación a la denunciante de autos,
expresando solamente la partes firmantes del acuerdo impugnado, que la Sra. G.
fue debidamente asesorada por terceros, situación la cual entiende inadmisible la
correcta intervención al Ministerio Público Fiscal no se satisface con la sola
presencia en audiencia, sino que debió citarlo para que sepa del acuerdo que
estaba llevando adelante; el Ministerio
Pupilar tiene deberes
funcionales y su presencia no puede ser obviada en el
proceso de negociación.
“ la función del
Ministerio Pupilar, como rama específica del Ministerio Público, consiste en la
asistencia asesorando, representando -y en el control de aquellos asuntos sean
estos judiciales o
no que conciernen
a los incapaces
de hecho (personas por nacer, menores
de edad, dementes, sordomudos que no saben darse a entender y ausentes).
Cabe recordar que el
Ministerio Pupilar no solo ejerce funciones de representación sino
que es un
órgano de vigilancia
y asesoramiento.
La omisión de dar
respuesta a su oposición comporta una
violación al régimen
de representación legal
promiscua establecida por la ley, determinando al mismo tiempo una
vulneración del sistema protectorio fijado,
del cual dicha representación constituye sólo una de
sus manifestaciones.
_Ello es así toda vez
que la ley civil considera que el menor de edad se encuentra en una situación
de inferioridad y la intervención del
representante del Ministerio
Pupilar tiende, justamente,
a tratar de equilibrar dicha disparidad, debiendo su actuación velar por
el cumplimiento de la ley en relación a los incapaces…Por ello la omisión de
dar respuesta a la oposición del Ministerio Público Pupilar, torna nula la
sentencia a la luz de lo dispuesto en arts. 26 del Código Civil y Comercial,
12, 39 y 40 de la C.D.N y la Ley Nacional Nº26.061 y Provincial Nº 9861 y la
jurisprudencia mencionada.
Por otra parte
la contundente oposición
del Ministerio Público Pupilar de ningún modo puede suplirse
mediante la afirmación de la Defensa respecto a que la denunciante, o sea, M.
S. G., madre de la niña, fue asesorada por la Dra. R., y menos aún por la
enunciación en la Sentencia acerca de que, en algún momento de la Audiencia, la
Fiscalía manifestó que _la denunciante, no ha presentado objeción al acuerdo
del abreviado, a quien se le explicaron las consecuencias del mismo, en
presencia de una letrada de su confianza_.La conformidad de la denunciante,
madre de la niña, pero también suegra del imputado, y por lo tanto madre
también de su esposa y abuela de sus hijos, es absolutamente irrelevante, sin
perjuicio de que su actividad
posterior suscribiendo el
recurso de casación indicaría que no entendió
claramente para qué
estaba dando su consentimiento.
Cabe destacar que no
estamos ante un "conflicto familiar" como lo denomina el Defensor,
sino ante un delito cuya víctima, según las Convenciones de Derechos Humanos,
goza del derecho de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, y merece la
máxima protección estatal por ser mujer y menor de edad.
En efecto, la reforma del año 1994 incorporó la igualdad
material en varias disposiciones haciendo más democrático y plural el sistema,
así establecieron acciones
positivas para diferentes
colectivos sociales,
promoviendo políticas diferenciadas
que tiendan a equilibrar desigualdades, es decir,
"diferenciando" para "igualar".
En palabras de Angélica Gelli (Revista La LEY, Miércoles
11/11/2015, "Orden Público En El Derecho Constitucional"; María
Angélica Gelli, Pág. 1 y ss.).: "La
Ley Suprema en el modelo de Estado Constitucional y Convencional
de derecho es
considerada, toda ella,
una norma imperativa y operativa,
una norma jurídica en las que se condensan los
principios esenciales de
la comunidad. En
consecuencia, sus normas no son
disponibles, ni siquiera las que enuncian derechos como facultades
de obrar, de
no obrar, o
de exigir determinadas conductas porque
otros sujetos, en
especial los estatales
están obligados, fuertemente vinculados por ellas con responsabilidades
de diferente tipo en casos de incumplimiento".
Por ello la decisión
del Juez se enfrenta con el derecho de acceso a la justicia
que surge del
art. 8, punto
1 de la
Convención Americana, cuya principal manifestación radica en el deber de
los jueces de posibilitar
el acceso de
las partes a
juicio sin restricciones irrazonables
conforme lo establecen
las pautas interpretativas del
art. 29 de la Convención, esto es a favor de las libertades y de la efectividad
de los derechos.
Colisiona también
con lo que la Corte
IDH ha denominado
y desarrollado en numerosos precedentes, como doctrina de la tutela
judicial efectiva previsto en el art. 25 de la CADH cuyos conceptos se ven
reforzados por las
"Reglas de Brasilia sobre
acceso a la justicia
de las personas
en condiciones de
vulnerabilidad", que
exhortan a las autoridades judiciales para que dentro del ámbito de sus
respectivas competencias, promuevan medidas que hagan efectivo el contenido
de sus propuestas
a fin de
garantizar que aquellas personas que, por razón de su edad,
género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas,
étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con
plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el
ordenamiento jurídico. También es contraria al principio de igualdad ante la
ley, no discriminación y protección igualitaria, previsto en el artículo II de
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 1 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, y art. 24 de la Convención
Americana. Por otra parte, La
Convención Internacional de los Derechos del Niño, establece
que los Estados
partes respetarán los
derechos enunciados en la convención y asegurarán su aplicación a cada
niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna (art. 2); que en todas la
medidas concernientes a los niños que tomen los tribunales, una consideración
primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño (art. 3); que
los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un
juicio propio del derecho expresar su opinión libremente en todos los asuntos
que le afectan (art. 12); que los Estados partes deben adoptar todas las
medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para
proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso, incluido el abuso
sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres de un
representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a
su cargo; estas
medidas deben comprender
procedimientos eficaces para la prevención y para la identificación,
investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descriptos
de malos tratos al niño, y según corresponda, la intervención judicial (art.
19); los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la
recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño
víctima de cualquier forma de abuso, fomentando el respeto de sí mismo y su
dignidad (art. 38).
Por otra parte, el
suceso investigado ostenta la calidad de hechos de violencia contra la mujer,
en los términos del artículo primero de la Convención Belem Do Para: "Para
los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer
cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público
como en el privado. El art. 2, apartado b, reza: Se entenderá que
violencia contra la
mujer incluye violencia
física, sexual y psicológica que tenga lugar en la comunidad
y sea perpetrada por cualquier
persona y que
comprende entre otros,
violación, abuso sexual, tortura,
trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acosos sexual en el lugar
de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimiento de salud o
cualquier otro lugar".
Deben tenerse
en consideración las
obligaciones asumidas por el
Estado en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, especialmente lo establecido en el
art. 7: "Los
Estados Partes condenan
todas las formas
de violencia contra la
mujer y convienen
en adoptar, por
todos los medios apropiados
y sin dilaciones,
políticas, orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha
violencia y en llevar a cabo lo
siguiente: b) actuar
con la debida
diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia
contra la mujer... f) establecer procedimientos legales justos y eficaces para
la mujer que haya sido sometida a violencia,
que incluyan, entre
otros, medidas de
protección, un
juicio oportuno y
el acceso efectivo
a tales procedimientos".
Desde este marco
legal, que impone la necesidad de establecer un "procedimiento legal justo
y eficaz para la mujer -en el caso además niña -" es evidente que, la
aceptación del procedimiento abreviado, mediante un acuerdo exclusivamente
provechoso para el imputado, en el cual a la víctima se la eliminó –invisibilizó
-y se la confundió con la denunciante
y se omitió
toda consideración respecto
a la oposición fundada
de su representante
legal en la
figura del Ministerio Público
Pupilar, no puede
subsistir como una
decisión válida. Ser eficientes -hacer la mayor cantidad de juicios en
el menor tiempo posible -es un buen
objetivo, siempre y
cuando, ante el
caso concreto, siga siendo un medio para "afianzar la
justicia". Entonces, para
aceptar un abreviado,
no basta la
evidente ventaja que en
términos de celeridad implica evitar debate, sino que también se debe verificar
que no se encuentren afectados los derechos de las partes, ni ninguna garantía
constitucional, ni el buen servicio de justicia desde la perspectiva de los
derechos humanos.
Lo dicho también
implica que la condena que se impone mediante un juicio abreviado
deba mantenerse dentro
del principio de culpabilidad y proporcionalidad, porque
de lo contrario (si es en más o en menos) se minarían las bases del sistema
(orientador de conducta), en tanto, en las palabras de Silva Sánchez: "La
justicia, que es uno
de los valores
superiores del ordenamiento
jurídico español, constituye algo más que una garantía político -criminal.
En realidad, desempeña el papel de contrapunto del sesgo utilitarista propio de
la idea de prevención", quien a lo largo de su obra invita a reconsiderar
los valores justicia -verdad. (Jesús
María Silva Sánchez. Aproximación
al Derecho Penal
Contemporáneo. Segunda edición
ampliada y actualizada, pag. 492).
Entonces esta sentencia
es nula porque en ella se desconoció de plano el status reconocido a la víctima
en el Derecho Interno y en los Pactos
Internacionales, al no
considerarse la oposición
del Ministerio Público Pupilar en representación de la víctima menor de
edad, pero también lo es porque no supera el control de racionalidad
propio de cualquier
sentencia, en cuanto
al requerimiento de constituir una derivación razonada de los
hechos conforme al derecho vigente, asentada en los principios lógicos
argumentales y de la sana crítica racional, puesto que carece totalmente de
valoración de la prueba, a tal punto que ni siquiera la enuncia.
De acuerdo
a las consideraciones precedentes
es evidente que la
actividad del Juez consistió en una pura "homologación" en el sentido
de la
acción de contrastar
el cumplimiento de determinadas
especificaciones. Pero no emitió una sentencia que cumpla con el deber de
motivación; ni respetó los de derechos de la víctima, quien no pudo ejercer
plenamente el derecho que la ley le confiere a la Tutela Judicial
Efectiva, que en el ámbito
penal y en
sistema democrático se rige por el principio de última ratio, lo cual
implica que las partes pueden ejercer sus derechos y facultades con plenitud, es decir,
con el máximo rendimiento dentro
de lo formalmente establecido, ni
cumplió con el
resto de los
estándares internacionales que sobreprotegen a las mujeres y a los
niños.
Recurriendo una vez más a los antecedentes de esta Sala
citados en el precedente "SOSA, Emanuel -NASSER, Stefanía Carolina -Homicidio
agravado S/ RECURSO DE CASACION", estimo oportuno lo señalado en autos
"BERNS, Ignacio Andrés -Abuso sexual agravado por el vínculo s/RECURSO DE
CASACION" en cuanto a que: "la condena que se aplica a Berns no es
una homologación irracional y mecánica del acuerdo al que arribaron las partes,
sino que se cumplieron acabadamente los pasos que importa el control judicial
que hemos caracterizado, y el razonamiento que trasunta la sentencia no se
circunscribió solo a la asunción
de culpabilidad, sin o
que ésta fue
reconstruida correctamente, en base a las pruebas obrantes en la causa y
bajo el prisma de la sana crítica
racional. Es oportuno constatar que la sentencia recurrida trasunta un razonamiento
lógico adecuado a la sana crítica racional, por cuanto enumera y valora
sobradamente las constancias probatorias debidamente agregadas a causa, dando
con ello fundamento a todas sus aseveraciones y descartándose por ello la
existencia de arbitrariedad en la pieza sentencial."
Resta aclarar que de ningún modo comparto los conceptos del
fallo "SCHLEGEL, Juan Carlos s./Abuso sexual con acceso carnal s/ RECURSO DE
CASACION" que el Defensor invoca como precedente, al punto que en mi rol
de Vocal de la Sala II de la Cámara del Crimen de Paraná formé parte del Tribunal
que rechazó el Acuerdo de Juicio Abreviado, en una situación muy similar a la
presente, lo que entiendo me exime de ahondar en las razones de mi
discrepancia.
Por otra parte, respondiendo
al planteo de la Defensa respecto a que el titular de la acción penal es el
Fiscal y por lo tanto el Juez no puede más que aceptar el acuerdo, debo señalar
que en la audiencia de Casación la Fiscalía adhirió al planteo del Ministerio
Público Pupilar en un estricto ejercicio del control de legalidad.
Por todo ello entiendo que debe hacerse lugar al recurso
impetrado.ASÍ VOTO.
A la misma
cuestión propuesta, los
Sres. Vocales Dres.
BADANO y PEROTTI, expresaron que
adhieren al voto precedente.
A mérito de lo expuesto, y por Acuerdo de todos sus
integrantes, la Sala I de
la Cámara de Casación de
Paraná resolvió dictar
la siguiente
S E N T E N C I A:
I.-HACER LUGAR al
Recurso de Casación
interpuesto por el Sr.
Representante del Ministerio Público Pupilar, Dr. Ricardo GOLLY y sostenido en
esta instancia por el Dr. Gaspar RECA
contra la sentencia de fecha
veintiséis de abril del año dos mil diecisiete, del Tribunal Unipersonal de
Juicios y Apelaciones de la ciudad de Gualeguaychú la que, en consecuencia, SE
ANULA, debiéndose reenviar las
actuaciones a la
instancia de grado,
a fin de
que un nuevo Tribunal renueve los actos invalidados.
II.-DECLARAR las costas de oficio (art. 584 y 585 CPPER).
III.-Protocolícese,
sirva la lectura
de la presente
Sentencia en audiencia
respectiva, como notificación válida a todos los efectos; oportunamente, en
estado, devuélvanse.
Marcela BADANO Marcela DAVITE Hugo PEROTTI
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