AUTOR : Lic. Javier García Guerrero *Profesor de los
Posgrados de Auditoria y Administración de Sistemas de Salud de la Universidad
Favaloro
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El
caso más grave y con mayor número de víctimas de la historia de la pederastia
de la Argentina, ha quedado al descubierto en San Antonio Oeste, Río Negro, por
el abrumador relato de una de sus víctimas en las redes sociales. La cantidad
de testimonios de damnificados de abusos y violaciones en forma grupal e
individual en edades que oscilaban entre los 7 a 18 años de edad al producirse
los hechos, ya alcanzaría a más de veinticinco víctimas. Sobre esa base, es
probable que la causa inicialmente caratulada por el Dr. Igoldi como “Abuso
sexual, exhibiciones obscenas y facilitamiento de pornografía a menores de
edad” pueda evolucionar para incluir las figuras de asociación ilícita y un
mayor número de casos a los inicialmente previstos.
Comparativamente
la ley argentina es más benigna que en otros países, de hecho, si bien la ley
prohíbe la producción y distribución de pornografía infantil, las sanciones que
impone oscilan entre 6 meses y 4 años de cárcel. Curiosamente excluye como
delito la tenencia de pornografía infantil para uso personal a menos que la
misma fuera orientada a una posterior distribución, en cuyo caso las penas son
de 4 meses a 2 años de cárcel. Asimismo, la ley fija penas de entre 1 mes y 3
años de prisión por facilitar el acceso a material o espectáculos pornográficos
a menores de 14 años. Sin antecedentes, ni agravantes, fácilmente
excarcelables. Es difícil coincidir con el tratamiento punitivo previsto por el
legislador que no guarda relación con el inmenso e irreparable daño producido
en la vida emocional y relacional de los menores afectados.
Los
nombres de Marita Verón, Angeles Rawson, Otoño Uriarte, trágicamente
incorporados a nuestro imaginario, evidencian que debió prestarse mayor
atención a la dramática verdad sanantoniense que estuvo escrita como graffitis
en muchos paredones y circuló como un “secreto a voces” durante casi veinte
años. La comunidad y las autoridades responsables prefirieron literalmente
borrarlos e ignorarlos en lugar de iniciar una investigación que demostrara la
verosimilitud de esos rumores acallados por el temor que infundía el
posicionamiento político y mediático del denunciado, que acostumbraba hacer
exhibición de armas de fuego y gala de relaciones influyentes. El procesado
detenido con prisión preventiva Marcelo Morelli es un notorio dirigente local
de la Alianza Frente Progresista, Corriente Cívica ARI, que en Río Negro
conduce la Senadora Nacional Magdalena. Al trascender la prisión preventiva,
los órganos partidarios han suspendido provisoriamente la afiliación del sujeto
aludido. Morelli también conducía un programa radial denominado “Animales
Nocturnos” y es propietario de una empresa que ofrece servicios de luz y sonido
para eventos, similar a la de otro oscuro personaje con actuación en Río Negro
que ya ha recibido condena firme en su contra por violación de menores, el
acaudalado Alberto Pampín.
Ni
el Estado Nacional ni el Rionegrino impidieron que Alberto Pampín, empresario
prófugo desde 2005 por abusar de una menor, a través de su empresa Pampín
Luces, se encargará de iluminar el Festival de la Democracia (2012), la feria
Tecnópolis en Buenos Aires, el Edificio de YPF para el 25 de Mayo, la
Conmemoración de Vuelta de Obligado (en 2011, en San Pedro), el stand de
Presidencia de la Nación en la Feria del Libro y el de Buenos Aires Joven.
Pampín Luces también ha tenido contratos con la Fiesta de la Vendimia de
Mendoza, la Fiesta de la Nieve de Bariloche, el Festival Reina del Mar en Mar
del Plata y la celebración del 459º aniversario de la fundación de la ciudad de
Santiago del Estero. En Río Negro fue el proveedor de las luces para la Fiesta
de la Nieve del año 2012. Apartándose de las normas establecidas el Municipio
de Bariloche, autorizó que los honorarios de aludido fueran cobrados por un
tercero, proporcionándole un atajo para mantener sus lucrativas actividades,
mientras continuaba eludiendo el fallo de la justicia. Es oportuno destacar que
desde 2010 Pampín ya estaba condenado y prófugo quedando firme la apelación a
la Corte Suprema de Justicia en Junio de 2013, cuando el organismo solicitó su
detención internacional sumando el concurso de Interpol. Pese a dicho
requerimiento el prófugo sólo fue detenido cuando una de sus víctimas lo
reconoció y requirió la intervención policial en un evento en Tecnópolis donde
asistía asidua y desembozadamente sin ninguna consecuencia. Esta niña abusada
que ahora tiene veinte años y que debió asumir esta involuntaria notoriedad, ya
superó tres intentos de suicidio y como todos nosotros necesita comprobar que
los delitos de los que fue víctima tienen alguna consecuencia.
El
hecho descripto no es aislado, ni excepcional, muchos más actúan contra el
colectivo infantojuvenil con absoluta impunidad en los repliegues del poder,
utilizando influencias políticas, dinero del crimen organizado, chantaje y/o
las amenazas violentas sobre las víctimas y sus familiares queridos. Es
desafortunadamente emblemático el caso de Fabián Villanueva, procesado por
“abuso sexual con acceso carnal reiterado y agravado por haber sido cometido
contra una menor y aprovechando su situación de convivencia” que entre los 12 y
17 años sometió a su hijastra hasta ser denunciado por la misma. Este sujeto
que admitió los hechos y que sostuvo perversamente en su descargo judicial que
había mediado “consentimiento” de la menor, en un intento de corresponsabilizar
a su indefensa víctima, ha sido sistemáticamente protegido por los poderes
públicos. El poder judicial le brindó el beneficio de excarcelación afirmando
que no representaba un peligro para su víctima residente en Cipolletti, ya
fijaría su residencia en Viedma. Si se hubiera consultado a los padres de la
Comarca Viedma Patagones, o a profesionales especializados, seguramente no
compartirían criterio semejante. Villanueva dio como domicilio una gomería
ubicada en la Ruta 3 en donde no hay sitio material para que arme una vivienda.
Posteriormente y contrariando el mandato judicial vigente, mediante el decreto
Nº 256/2013 el Ejecutivo Provincial aprobó un contrato de locación de servicios
a favor del citado Luis Fabián Villanueva, para desempeñar tareas en la
Delegación de Inspección de Personas Jurídicas a cargo del Dr. Félix San Martín
en la propia localidad de Cipolletti, de donde debía permanecer apartado por el
citado fallo judicial. De nada sirvieron las marchas de la Multisectorial en
Cipolletti, ni los crudos relatos de su víctima, o la indignación popular para
impedirlo. Pesaron más las fotos que circularon en las redes sociales del
protegido chofer, abrazado con el Gobernador Alberto Weretilneck en su despacho
de la Casa de Gobierno. El bloque de la UCR, manifestó al respecto que “no se
puede soslayar la inacción absoluta que han demostrado el Consejo de la Niñez y
Adolescencia y la Secretaría de Derechos Humanos frente a un tema tan sensible
y de tamaña envergadura para lo cual no podrán argüir a su favor
desconocimiento alguno”.
Los
informes de organismos internacionales revelan que 1/4 de las niñas y 1/20 de
los niños han padecido Abuso Sexual Infantil. En la Argentina en promedio, cada
dos horas es abusado un menor. Todos los años se reclutan cerca de 5.000 niños
para lucrar con la pornografía infantil, el turismo sexual y la prostitución
infantil. Los abusos crecieron durante 2013 un 15% adicional después de
triplicarse durante los últimos 3 años, el número de varones abusados está
llegando a equiparar al número de niñas. Según la Asociación de Ayuda a las
Víctimas de Violación sólo en Buenos Aires se registra unas 3.000 violaciones
anuales de las cuales el 80% involucra a menores de edad, se estima que sólo el
10% de los casos son denunciados por los efectos del chantaje, temor a nuevos
actos violentos o a la estigmatización social. Sobre las denuncias registradas
en el REUNA de la Provincia de Buenos Aires el 51% de las víctimas tenía entre
12 y 17 años, mientras que el 32 % entre 6 y 11 años.
La
enunciación de otros hechos igualmente graves podría extenderse confirmando las
relaciones entre perversos que operan bajo la fachada de emprendimientos
truchos o actividades deportivas, partidarias, religiosas o esotéricas y el
poder político. A través de la historia, desde los dementes como Calígula al
sátrapa Silvio Berlusconi, pasando por confeso pederasta obispo líder de los
Legionarios de Cristo Marcial Maciel, la perversidad ha sido una característica
de los que se acercan a los espacios de poder para gozar con la violación
sistemática de todas las normas legales o éticas existentes. Para ello utilizan
los mecanismos y resortes que brindan las posiciones privilegiadas, de modo de
obtener sus fines sin tener que asumir las consecuencias
Para
superar esta inercia contraria a cualquier perspectiva ética, será necesario
dar respuesta a múltiples interrogantes inexcusables que legítimamente reclaman
el compromiso de las respectivas autoridades rionegrinas, como son los
siguientes:
¿Dónde
están los registros de los casos, localizaciones, tendencias evolutivas, etc.
que informen sobre el flagelo del abuso sexual infantil en la provincia? Frente
a la gravedad e intensa tasa de crecimiento del problema ¿Cuáles son los
presupuestos y el personal especializado asignado específicamente al tema a lo
largo de la Provincia y cuáles son las metas definidas para su trabajo? ¿A
quienes informan las intervenciones realizadas en el terreno a través de planes
o programas educativos, sanitarios, sociales, de derechos humanos, etc.?
¿Quiénes auditan el impacto obtenido de dichas actividades en el hipotético
caso en que se estén llevando a cabo? ¿Cuáles son los protocolos que se aplican
para la detección temprana de casos de abuso en las escuelas, organismos de
seguridad y centros sanitarios? ¿Cuáles son las formaciones que se han brindado
para dotar de recursos a los niños y adolescentes frente a tentativas de abuso
sexual? ¿Cuál el esquema formativo para docentes y agentes sociosanitarios
orientada a la detección temprana, tratamiento y reinserción de las víctimas?
¿Cuántos de estos niños y adolecentes, se han suicidado, se refugian en el
alcoholismo, padecen fobias o adicciones, crisis de angustias o depresión?
¿Cuántos se fugaron de su hogar, abandonaron los estudios, se contagiaron
venéreas o quedaron embarazadas siendo niñas? ¿Qué auxilios se presta y bajo
que plan o protocolo de intervención se asiste a las víctimas identificadas,
sus familias y sus grupos de relación? ¿Ha tomado intervención Salud Pública,
Desarrollo Social, etc. para brindarles tratamiento psicológico individual y
familiar, a los menores abusados, incluidos los que se encuentran limitados en
su libertad? ¿Qué oportunidades de reinserción académica, laboral y social, se
les ofrece? ¿Cómo se indemnizarán económicamente, los daños ocasionados a los
perjudicados? ¿Cómo se puede apreciar el grado de prioridad presupuestaria de
la inversión social dirigida a la infancia y a sus grupos de riesgo? ¿Cuál es
el motivo por el qué no se dan a publicidad alternativas de abordaje, centros
de ayuda, programas de apoyo? ¿Qué pasará con el detenido y con la
comprometedora información que podría poseer sobre las redes de pederastas que
abastecía? Considerando la sensible información que podrían poseer los
procesados con prisión preventiva, respecto de personas de alto poder
adquisitivo y elevada posición política ¿Qué previsiones especiales se han
tomado para evitar la repetición de los sospechados decesos del caso Schlageter
Boulton, en Bariloche, cuando el poderoso empresario venezolano acusado de
pederastía se suicidó de un tiro mientras gozaba de prisión domiciliaria, en
tanto que la otra implicada coincidentemente también se suicidó con una sabana
en la Alcaidía local, obturando una investigación que podría comprometer a
mucha más gente poderosa? Corresponde la pregunta en una provincia que en seis
años lleva 11 menores muertos en Comisarías en circunstancias confusas. ¿Qué
sanciones recibirán quienes tienen como misión específica la prevención y
persecución de estos delitos y dedicaron sus tareas de “inteligenzia” a la
persecución política? ¿Nadie advirtió que el pederasta de San Antonio tenía
varias armas sin portación autorizada en su poder con las que amedrentaba a sus
víctimas? ¿Ninguno de los cómplices del silencio escuchó ni vio nada, nadie
consideró llamativo el tránsito de tantos adolescentes en ese local a todas
horas? ¿Los fiscales que tienen una instrucción mediante resolución específica
de la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó de investigar, en
los juicios por delitos de lesa humanidad, los casos de abusos sexuales
cometidos durante el Terrorismo de Estado, siguen con el mismo celo lo que les
ocurre a los nuevos “desaparecidos sociales” en San Antonio? ¿Qué posiciones
piensan adoptar las autoridades municipales y legislativas provinciales y
nacionales enzarzadas en la trascendente discusión sobre la conveniencia y
oportunidad de extender la costanera de Las Grutas?
La
indiferencia, la falta de planeamiento y ejecución de estrategias de
intervención de parte de todos los sectores con competencias responsabilidades
e intereses sobre el destino de la niñez y la adolescencia debe cesar. Es
urgente habilitar y participar de un debate exhaustivo que rescate a nuestros
hijos del torbellino de abandono, marginación y violencia que la negligencia y
la ineptitud han permitido y que conduce a la profundización de las tendencias
inerciales actualmente en desarrollo en perjuicio de lo más valioso, de nuestro
compromiso vital hacia el futuro, nuestros jóvenes.
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